AmCham Guatemala reconoce la importancia de promover el bienestar y el desarrollo económico del país; sin embargo, las decisiones en materia salarial deben considerar laproductividad, las condiciones sectoriales, el entorno regulatorio y la competitividad regional.
El ajuste al salario mínimo aprobado para 2026 incrementa significativamente la presión sobre los costos laborales y reduce la competitividad de Guatemala, sin compensarse con mejoras estructurales en infraestructura, certeza jurídica o reducción de costos no salariales.
En un contexto de alta competencia regional, los inversionistas evalúan de forma integral variables como el costo laboral, la estabilidad regulatoria, la seguridad, la infraestructura y la eficiencia institucional. Incrementos salariales no alineados con estos factores afectan el clima de inversión, particularmente en sectores intensivos en mano de obra, y pueden limitar la generación de empleo formal, incentivando además la informalidad o el desplazamiento de inversiones hacia otros países de la región.
AmCham Guatemala considera que la política salarial debe integrarse a una estrategia amplia de competitividad y empleo, orientada a fortalecer la productividad, modernizar el Estado y generar condiciones óptimas para atraer inversión extranjera y crear más empleo formal y sostenible en el país.