o La Corte de Constitucionalidad debe resolver con prontitud la inconstitucionalidad
planteada sobre los artículos 44 y 175 del Acuerdo Gubernativo No. 133-2024 de
Proveedores Transparentes
o Expertos legales, organizaciones de sociedad civil y consejeros delegados de la CNC
entregan Amicus Curiae para que los Magistrados de la CC puedan contar con
argumentos técnicos legales a considerar para su resolución.

Guatemala, 3 de septiembre de 2025. Cinco organizaciones de sociedad civil —Acción
Ciudadana (AC), Asociación Civil Diálogos, Consejo Nacional Empresarial (CNE), Centro
Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) e Involúcrate Guatemala
ONG— junto con cinco consejeros delegados de la Comisión Nacional contra la Corrupción,
presentaron hoy ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un Amicus Curiae en defensa del
Acuerdo Gubernativo 133-2024 del Ministerio de Finanzas Públicas, conocido como
Proveedores Transparentes.
La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió provisionalmente los artículos 44 y 175 del
Acuerdo Gubernativo en mención, los cuales obligaban a las empresas a declarar, antes de
junio de 2025, a sus accionistas y a las personas físicas que poseen o controlan
efectivamente la entidad, ya sea de forma directa o indirecta.
El acuerdo de Proveedores Transparentes busca fortalecer la transparencia, prevenir la
evasión fiscal y los delitos financieros, y combatir la corrupción en las contrataciones
públicas. Además, al identificar a los beneficiarios finales —conocido como BOT por sus
siglas en inglés (Beneficial Ownership Transparency)—, Guatemala avanza en el
cumplimiento de sus compromisos internacionales contra el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo, conforme a los estándares del Grupo de Acción Financiera
Internacional (GAFI) y la OCDE. El incumplimiento de estas normas podría afectar la
calificación de riesgo país y generar sanciones o restricciones en mercados internacionales.
La organización Open Contracting Partnership ha señalado que la opacidad en la estructura
de propiedad permite a personas obtener contratos de forma indebida y beneficia a
empresas con intereses ocultos.
“En el último año, Guatemala ha dado pasos importantes para combatir la corrupción y
resguardar la integridad del gasto público, incluyendo la identificación de beneficiarios
finales en procesos de contratación. Por ello, desde la sociedad civil presentamos ante la
CC un Amicus Curiae, con argumentos y recomendaciones de expertos nacionales e
internacionales sobre cómo resolver este amparo y fortalecer las acciones de
transparencia”, señaló César Vega, Coordinador de Acción Ciudadana.
La rendición de cuentas en el uso de fondos públicos exige mecanismos que aseguren que
funcionarios y entidades gubernamentales respondan por sus decisiones. Ello demanda una
ciudadanía activa,que fiscalice la toma de decisiones públicas.
Diálogos ha priorizado el análisis sobre las prevención de la corrupción y cómo contrarrestar
sus efectos de forma integral, ejemplo de ello es una iniciativa como la de Proveedores
Transparentes que busca mejorar los controles respecto a las contrataciones del Estado y
conocer realmente quiénes se benefician de éstas contrataciones públicas.

“Los beneficiarios finales, son los verdaderos propietarios de las empresas que participan
en contrataciones del Estado. Un beneficiario final es quien económicamente se beneficia
de estas contrataciones, más allá de su representante legal. Lo principal es fortalecer la
transparencia y poder generar confianza pública en las contrataciones estatales, apostar por
la transparencia, debe ser el camino para frenar los retrocesos en materia anticorrupción”,
comentó María del Carmen Pelaéz, investigadora anticorrupción de Diálogos.
Yara Tobar, presidenta de Junta Directiva del Consejo Nacional Empresarial CNE destacó
que la transparencia en las contrataciones públicas, mediante la ampliación del registro de
proveedores, representa una oportunidad internacional: permite alinearse con los
estándares del GAFI y la OCDE, lo cual incentiva la inversión extranjera y reduce riesgos de
inclusión en listas negras o de paraísos fiscales.
“Exigimos a la CC resolver conforme a la ley, pues un marco sólido de transparencia
financiera puede mejorar la calificación de riesgo país y reducir los costos de financiamiento
público y privado, generando mayores oportunidades de inversión y desarrollo”, expresó
Tobar de CNE.
Finalmente, Carlos Fernandes del Centro Internacional para Investigaciones en
Derechos Humanos – CIIDH reflexionó: “mientras menos transparencia hay, más
oportunidades tienen las redes corruptas para adueñarse de dinero público, la corrupción
suele operar creando empresas fachadas o usando “prestanombres” o también conocidos
como “testaferros”, para disfrazar a los verdaderos beneficiarios de contratos millonarios
porque si las reglas están hechas para esconder a quién o quiénes están detrás de una
empresa; individual o Sociedad anónima, que es contratada por el Estado “.
El Amicus Curiae presentado ofrece a la Corte argumentos técnicos y legales para tomar
una decisión informada, justa y responsable. Las organizaciones firmantes reiteran que
resolver esta acción de inconstitucionalidad con prontitud es vital para la
transparencia, la competitividad del país y el cumplimiento de compromisos
internacionales.
“La transparencia elimina la corrupción y abre la puerta a mayores oportunidades de
desarrollo para Guatemala”, concluyeron.

NoCorrupción #ProveedoresTransparentes #Anticorrupción #BeneficiariosFinales

Transparencia #Compras